Agua para el Sáhara: 15 años de trabajo conjunto
En diciembre de este año se cumplirán 15 años del trabajo de Solidaridad Internacional para la mejora del abastecimiento de agua potable para la población refugiada saharaui.
La secuencia de los acontecimientos es la siguiente: Tras el malogrado intento de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, en 1999 las autoridades de los campamentos de refugiados toman conciencia de que su precaria estancia en la Hamada de Tindouf se va prolongar más tiempo del que era imaginable en un primer momento.
Hasta esa fecha, tanto la administración de los campamentos como la propia logística doméstica en los campamentos estuvo orientada al regreso rápido y ordenado al Sahara Occidental, una vez que el pueblo saharaui hubiese podido expresar libremente su voluntad, lo que determinó de manera significativa que el abastecimiento de agua potable se hiciera a través de camiones cisternas en lugar de sistemas permanentes.
Ese mismo 2002, desde el Consorcio de Aguas del Huesna (Sevilla) se hace una apuesta decida por contribuir de manera efectiva a la mejora de las condiciones de salubridad del agua que consumía la población refugiada saharaui.
Con ese propósito, personal de solidaridad Internacional y del Consorcio de Aguas del Huesna se desplaza a los campamentos, levanta mapas, analiza pozos y discute con autoridades y la población refugiada para terminar haciendo una evaluación de las necesidades y un diseño completo del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para los 135.000 refugiados censados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Este nuevo sistema consiste en la instalación de grifos comunitarios situados de tal manera que la distancia máxima a recorrer sea 150 metros. Para ello, se previó la introducción de una red de tuberías de abastecimiento; la construcción de depósitos de regulación; la perforación de pozos y la instalación de plantas potabilizadoras para la desalinización del agua.
Así mismo, se previó la capacitación y el fortalecimiento del Departamento de Hidráulica, creado para gestionar el nuevo sistema de abastecimiento, hoy enmarcado en el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
Los primeros trabajos se realizaron con fondos propios del Consorcio de Aguas del Huesna y pequeñas subvenciones de la Diputación de Sevilla; sin embargo, medida que se iba avanzando en la construcción de los depósitos y en la instalación de los grifos, se hacía cada vez más evidente la necesidad de contar con un volumen mayor de fondos y una estructura permanente en el terreno que dirigiera las acciones, agilizara los trámites administrativos y fuera estrechando las relaciones con la población refugiada.
En 2003, tras meses de viajes, reuniones y trabajo duro se firma un Convenio de colaboración con ACNUR para que financien el grueso de las inversiones necesarias. Desde entonces, Solidaridad Internacional, junto al Consorcio de Aguas del Huesna, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) han venido trabajando para que la población refugiada saharaui cuente con más y mejor agua, lo que nos ha permitido pasar de 7 litros por persona y día a los actuales 20 litros de agua cuya salubridad se puede asegurar a la salida del grifo.
En estos quince años de empeño compartido se ha abordado el problema de abastecimiento de agua en un medio tan hostil desde una triple perspectiva: por un lado, se ha llevado a cabo la sustitución del sistema de abastecimiento a través de camiones cisterna por otro sistema que asegure la potabilidad del agua destinada al consumo humano y la regularidad en las dotaciones.
Por otro lado, es necesario que haya un ente encargado de la gestión del sistema, un ente que sea capaz de dar respuesta a las necesidades diarias, con personal propio suficientemente capacitado, sobre todo si se tiene en cuenta que la gestión ha pasado de ser un problema de camiones disponibles a la gestión de un sistema complejo. Por eso se ha construido y dotado un edificio para el Departamento de Hidráulica Saharaui junto al complejo de pozos y plantas de tratamiento a la salida del campamento de Smara. Además, en los primeros años, en colaboración con Ingeniería Sin Fronteras, se realizaron cursos de capacitación técnica del personal saharaui.
Una tercera perspectiva que es imprescindible incluir ha sido la participación de la población saharaui; sin ella, todo este esfuerzo resultaría inútil y haría muy difícil que el sistema de abastecimiento funcionase. La participación es la base de la apropiación del proyecto, por eso la población cuenta con un espacio para decidir sobre el diseño de la infraestructura (dónde colocar los grifos, por dónde hacer pasar las conducciones…), pero también participa en la propia gestión, a través de las ‘responsables de grifo’, que son las encargadas de establecer los turnos de llenado de las cisternas familiares que correspondan. Además, la población también asume la responsabilidad de asegurar un uso apropiado del agua y de avisar al personal técnico en caso de avería.
El reto está siendo formidable y no huera sido posible sin el compromiso de muchas personas, a quienes aprovechamos para darle las gracias.
Testimonios
…se trata de solidaridad…
«En nuestra concepción del agua como derecho público, tratamos siempre de ir más allá y, en este caso, esa ilusión es compartida y por una buena causa. Agradezco el trabajo de todas las entidades participante y animo a continuar en este camino del agua como derecho individual y colectivo de cualquier persona en cualquier parte del mundo»
“Tras muchos años de trabajo, tenemos los puntos de acceso al agua más cerca de las familias, de las viviendas, con garantías de calidad del agua y con un aporte sustancial en el transporte y distribución del agua”.
«Comenzamos haciendo un diagnóstico de la situación y comprobamos que inicialmente el problema del agua era un asunto de transporte porque la movían a través de camiones cisternas. Actualmente, hay 200 kilómetros de tuberías, 3 mil grifos, 6 plantas desaladoras, intensos controles sanitarios y 300 personas trabajando de forma estable. No se trata de un proyecto de desarrollo al uso, porque es una emergencia permanente”
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